Blackwater protagoniza un nuevo escándalo

Blackwater protagoniza un nuevo escándalo, esta vez por abusos financieros Según una investigación, la compañía “usó indebidamente” en Irak el dinero aportado por los contribuyentes estadounidenses   El mayor ejército privado del mundo, la compañía de seguridad Blackwater, tristemente famosa por las matanzas de civiles en Irak, se transformó en epicentro de un nuevo escándalo, esta vez por abusos financieros. Blackwater Worldwide que cambió su nombre desde 2009 por el de Xe Services, ya que tuvo que hacer un ‘lavado de imagen’ después de que se revelara que había matado civiles en Irak y Afganistán, apareció de nuevo en las primeras líneas de noticias, a raíz de un informe del Departamento de Estado de EE.UU. y de la oficina del inspector general de Broadcasting Board of Governors (BBG). Según el citado documento, los estadounidenses pagaron durante años decenas de millones de dólares a la fundación privada de la compañía para ejecutar en Irak la misión 'construyendo democracia'.                                          Los investigadores señalan que hubo un uso indebido de fondos estatales. Millones gastados en vano en Irak En el documento se indica que el dinero de los contribuyentes fue administrado por el Instituto Republicano Internacional (IRI), una organización no comercial bipartidista, encabezada por el actual senador y ex candidato presidencial republicano John McCain. En los años 2000, el IRI entregó a Blackwater, responsable por la masacre de civiles iraquíes en 2007, enormes sumas de dinero para que la compañía pudiera enviar de sus paramilitares a Irak. Entre los años 2004 y 2010, el IRI usó unos 103,7 millones de dólares para realizar los mandatos para la ‘construcción de la democracia’ en Irak, señaló el dicho informe, fechado por el junio pasado. En algunas páginas del documento se detallaron las decenas de millones de dólares pagados a Blackwater, que gastó de manera irrazonable. “Los gastos de cuatro subvenciones de un total de ocho superaron los presupuestos adjudicados en 4.589.952 de dólares”, puntualizó el informe. En total, los gastos para la seguridad de 64.285.818 de dólares superaron los 49.472.461 de dólares de costos directos para llevar a cabo el programa de 'construcción de la democracia' en Irak”, concluyó. Además, indicó el documento que “otras compañías de seguridad estaban calificadas para acceder a la competición por los contratos en Irak”, pero el IRI no hizo extensiva la oferta a ninguna otra empresa aparte de Blackwater y no permitió que ninguna compañía participara en el concurso.
Fracasan los esfuerzos para juzgar a Blackwater Fracasan los esfuerzos para juzgar a Blackwater  Pasados casi cuatro años desde que el Gobierno federal comenzara una serie de investigaciones y procesos judiciales contra la compañía Blackwater, cuyo personal ha sido acusado de asesinatos y otros delitos violentos en Irak y Afganistán, los casos están empezando a ‘desmoronarse’ debido a los obst Pasados casi cuatro años desde que el Gobierno federal comenzara una serie de investigaciones y procesos judiciales contra la compañía Blackwater, cuyo personal ha sido acusado de asesinatos y otros delitos violentos en Irak y Afganistán, los casos están empezando a ‘desmoronarse’ debido a los obstáculos legales creados por la propia        Administración estado   unidense, comunica The New York Times. Entre los casos más recientes, desestimados por el Departamento de Justicia, figura el de Andrew J. Moonen, especialista en armas de Blackwater acusado de matar a un guardia del vicepresidente iraquí en diciembre de 2006. Los funcionarios de Justicia anunciaron que renuncian al caso tras una investigación que había comenzado a principios de 2007, e incluía viajes a Bagdad de los fiscales federales y agentes del FBI para interrogar a los testigos iraquíes. Tras la decisión gubernamental de abandonar el 'caso Moonen' vinieron otras ‘derrotas judiciales’ relacionadas con los ex agentes de Blackwater (conocido actualmente como Xe Services). Las entrevistas con los abogados involucrados en los casos y la revisión de algunos expedientes muestran que los fiscales federales no logran superar una serie de obstáculos legales, que incluye dificultades de obtener pruebas fiables en las zonas de guerra, limitaciones procesales de los tribunales estadounidenses incapaces de superar la ‘inmunidad fiscal’ que había sido otorgada a los demandados por las autoridades estadounidenses. "El campo de batalla", dijo Charles Rose, profesor de la Universidad de Stetson College of Law en Florida, "no es un lugar idóneo para preservar pruebas durante largo tiempo".   La dificultad de estos casos también se debe a los escollos jurídicos que se plantean por la contratación cada vez mayor de los contratistas privados en zonas de guerra, a quienes el Gobierno estadounidense concede deliberadamente distintos grados de 'inmunidad', lo que sucedió en el 'caso Moonen'. "Una vez que otorgas la inmunidad, es muy difícil juzgar al acusado", dijo Andrew Leipold, profesor de derecho en la Universidad de Illinois. “La acción judicial en estos casos es casi inoperante”, añade él. Aunque los funcionarios de Justicia señalan que el Ejecutivo sí que había tenido una serie de sentencias condenatorias en contra de los contratistas en Irak y Afganistán (más de 120 empresas han sido acusadas por el Departamento de Justicia por fraude, prevaricación y delitos relacionados con actividades contractuales en Irak, Afganistán y Kuwait), sin embargo, "hay serias dificultades en el procesamiento de casos cometidos en la zona de guerra", puntualizan ellos. "Hay problemas con la disponibilidad de testigos y pruebas, así como con el grado de veracidad de las acusaciones.   Además los acusados tienen derecho a la legítima defensa". Por ejemplo, el argumento de haber disparado en defensa propia -que frecuentemente alegan los agentes de Blackwater- es uno de los más difíciles de denegar o refutar. Otro problema es puramente jurisdiccional. Dado que los miembros de estas compañías de seguridad privada están contratados por el Departamento de Esta, no están sometidos a la legislación, en particular, a la Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial, que rige las acciones de los agentes que trabajan en el extranjero para el Ministerio de Defensa. Eric Jensen, catedrático de Derecho en la Universidad de Fordham señaló la existencia de ese preocupante vacío legal. Según él, “hasta el momento el Congreso estadounidense ha fracasado en sus intentos de dar solución legal al tema que sigue siendo muy candente”.
                                               
Oficial de EE.UU. acusado de exterminar insurgentes afganos ilegalmente  Un funcionario del Departamento de Defensa de EE. UU. está bajo investigación por el supuesto de usar contratistas civiles para labores de espionaje contra insurgentes en Afganistán y Pakistán. Los medios de comunicación norteamericanos informaron que Michael Furlong, que trabaja en el Pentágono, contrataba a agentes de compañías privadas para que ofrecieran servicios de seguridad. Ellos obtenían datos sobre los campamentos de preparación de los talibanes para planear operaciones de exterminio. Mientras el Pentágono investiga este caso, los expertos ya lo han comparado con la historia de Blackwater, empresa privada norteamericana de seguridad cuyos empleados fueron acusados de haber matado a civiles en Iraq. La maniobra de Furlong viola la política estadounidense de no usar contratistas como espías. A mediados de 2008, las fuerzas armadas pusieron a este funcionario a cargo de un programa en el que dirigía a empresas privadas para obtener información sobre la cultura política y tribal de Afganistán, reportó el periódico The New York Times. Según el analista militar Tariq Birzada, el objetivo de esta recopilación de información era ubicar a las personas consideradas por Estados Unidos como insurgentes islamistas o terroristas que rrepresentaban una amenaza para el país. “Igual que en la historia de Blackwater, ocurrida el año pasado, el asunto perjudicó la credibilidad de Estados Unidos en Afganistán, Pakistán y en la región en general”, dijo el experto. “Ahora EE. UU. ya no puede afirmar que su único objetivo es acabar con los insurgentes. Las acciones de Estados Unidos revelan otros fines, uno de los cuales es aumentar su influencia”, afirmó. Mientras tanto, el autor de un escandaloso artículo y corresponsal del New York Times en Kabul, Dexter Filkins, explica que contratar informantes privados es una práctica prohibida en todo el mundo. “La información no fue recopilada por los militares estadounidenses, sino por contratistas privados. Quiere decir que podrían contratarte a tí o a mí, o a cualquier persona”, dijo Filkins. Según el periodista, utilizar los servicios de los contratistas está prohibido y todos los Gobiernos tienen directivas muy claras al respecto. “Y seguro que los militares estadounidenses no son una excepción”, señaló.   

Senado de EE. UU. investiga a Blackwater por el asesinato de civiles  Una de las empresas de seguridad personal más cuestionadas, Blackwater, se enfrenta a una investigación por parte del Senado de Estados Unidos por la implicación en el asesinato de civiles afganos. El campo de batalla se ha trasladado desde el territorio de Afganistán al recinto del Senado norteamericano en Washington DC. La empresa Blackwater, que proveía servicios de seguridad en Afganistán, fue sentenciada por el asesinato de 17 civiles afganos en el 2007. Luego fue expulsada del país centroasiático y ahora comparece ante el Comité de armas de la cámara. Hay evidencias de que el país norteamericano siguió subvencionando a la empresa, a la que le fue prohibido actuar en territorio afgano, y que simplemente se cambió de nombre. El registro de infracciones hechas durante la contratación de efectivos para enviarlos a Agfanistán es largo.   Lo que estuvo pensado como una fórmula para llevar paz y seguridad resultó una receta para el desastre. Actualmente, los legisladores buscan la forma de hallar una salida al problema. “Si tenemos una supervisión adecuada, podríamos evitar tales situaciones en el futuro. Pienso que este caso sirve para aprender”, dice el senador Ben Nelson. El caso Blackwater reveló muchas fallas en el sistema de contratación de los efectivos para Afganistán. Sin embargo, EE. UU. declaró que continuará recurriendo a empresas privadas para entrenar al personal que proveerá seguridad en Afganistán. El presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, Carl Levin, criticó a la empresa por su comportamiento en Afganistán, pues lo considera contrario a los deseos de Washington de granjearse el apoyo de la población local. “Si vamos a ganar la guerra, necesitamos saber que nuestro personal es dirigido y controlado de manera responsable, porque al final sus acciones serán nuestra responsabilidad ante los ojos de los afganos”, comentó el legislador. Antes, la compañía Blackwater había actuado en Irak y se sospecha que en el 2007 trató de alcanzar un pacto irregular con miembros del gobierno en Bagdad, luego de que Washington le cerrara contratos en el país árabe. Su nombre indefectiblemente se asocia con el fatal incidente del 16 de septiembre del 2007, cuando un grupo de sus empleados disparó contra civiles en la plaza Al Nasur, dejando un saldo de 17 muertos.