«Y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien». Esta es la última voluntad que la Reina Isabel la Católica dirigió a sus súbditos en su testamento. Se trata sin duda de un deseo que choca con la imagen cruel que la Leyenda Negra ha propagado del Imperio español por todo el mundo.
Tal y como defiende Juan Sánchez Galera en su último libro «Vamos a Contar mentiras», y mal que les pese a los seguidores de la propaganda antiespañola, los monarcas hispanos no consolidaron la conquista de América a sablazo limpio, sino gracias a un ejército de maestros y curas. Frente a quienes presentan a los descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo como crueles genocidas, el historiador afirma que Leyes de Indias que reglaron la vida en aquellas colonias supusieron el origen de lo que hoy conocemos como Derechos Humanos.
En 1493 el Papa Alejandro VI reconoce mediante la bula «Inter Caetera» la propiedad de la recién descubierta «terra nullis» (tierra de nadie) a los Reyes Católicos, a condición de que evangelicen a los nuevos súbditos. Pero muy pronto surge un debate en la intelectualidad española, alentado por la misma Corona, acerca de la licitud de obligar a todo el continente a pertenecer a un imperio con el que no había mantenido antes ninguna relación. Los españoles empiezan a hacerse preguntas incómodas. «Se parte completamente de cero con la premisa de establecer unas nuevas normas de convivencia entre los hombres, basadas no ya en lo que se entendía hasta ese momento como cierto en Europa, sino unos valores comunes a todos los hombres de todos los tiempos», explica Sánchez Galera.
Isabel la Católica fue la primera persona que se preocupó por los derechos de los indios: determinó que seguirían siendo los propietarios de las tierras que les pertenecían con anterioridad a la llegada de los españoles y, en el año 1500, dictó un decreto que prohibió la esclavitud. Nace así un nuevo derecho que, en palabras del autor, «reconoce que las libertades de los hombres y de los pueblos son algo inherente a ellos mismos, y que por tanto, les pertenecen por encima de las consideraciones de cualquier príncipe o Papa». Aquellas normas supusieron el punto de partida de la Leyes de Indias.
Más adelante, una junta de la Universidad de Salamanca convocada por el emperador Carlos V en 1540 concluye que «tanto el Rey, como gobernadores y encomenderos, habrían de observar un escrupuloso respeto a la libertad de conciencia de los indios, así como la prohibición expresa de cristianizarlos por la fuerza o en contra de su voluntad», cuenta Sánchez Galera. Con el tiempo se va formando un cuerpo de normas, las Leyes de Indias, que recogen, entre otros, los siguientes derechos para los indios: la prohibición de injuriarlos o maltratarlos, la obligación de pagarles salarios justos, su derecho al descanso dominical, la jornada laboral máxima de ocho horas y un grupo de normas protectoras de su salud, especialmente de la de mujeres y niños.
Aunque la Reina Isabel la Católica había prohibido la esclavitud, algunos colonos se ampararon en las encomiendas para sortear las leyes que llegaban desde la España europea y obligar a los indios a realizar trabajos forzados. Con todo, Sánchez Galera defiende la institución: «Los indios, fuera de ser unos desposeídos, son propietarios de pleno derecho de aquellas tierras que trabajan, y del rendimiento de las mismas pagan un tributo o servicio a su encomendero, quien a su vez tiene obligación de protegerlos y cristianizarlos. Como toda institución humana, la encomienda dio lugar a ciertos abusos, y en contados casos, incluso degeneró en una especie de esclavitud encubierta».
Ya en 1518 una ley establece ya «que sólo podrán ser encomendados aquellos indios que no tengan recursos suficientes para ganarse la vida, así como que en el momento en que fuesen capaces de valerse por sí mismos habrían de cesar» en este régimen. De todos modos, Carlos V da una estocada mortal a la institución con sus Leyes Nuevas de 1542, que limitan sobremanera las situaciones en que se podía poner en práctica.
En cualquier caso, la actitud de los monarcas españoles contra la esclavitud fue decidida. Isabel la Católica y el Emperador Carlos V promulgaron decretos que vedaban esa práctica y, «si bien es cierto que Felipe II se deja presionar por los colonos del Caribe haciendo concesiones especiales para Puerto Rico y La Española, poco más tarde vuelve a dejar clara su repulsa hacia este tipo de institución, prohibiendo una vez más la esclavitud, e incluso haciendo extensiva dicha prohibición a la incipiente importación de esclavos negros», explica el autor.
La Leyenda Negra que pesa sobre España también acusa a sus colonizadores del Nuevo Mundo de haber cometido allí un genocidio contra la población indígena. Pero si el Imperio español pudo consolidar su conquista de América no fue gracias a las armas, sino, fundamentalmente, gracias a su clero y educadores. Ciertamente, si bien los primeros escritos de los descubridores españoles describían a los habitantes de aquellas tierras como «pueblo angelical» cuya «aparente ingenuidad hacía presagiar una fácil y pronta civilización y evangelización», pronto aquellas poblaciones resistieron armadas a los abusos de los primeros colonos, estallando así los enfrentamientos bélicos.
Fernando el Católico encarga entonces un estudio jurídico-teológico al dominico Matías de Paz y al jurista Juan López de Palacios, quienes concluyen que la guerra contra los indígenas sólo será justa «cuando sus caciques y jefes prohíban la libre conversión de sus súbditos, o bien sea menester el desterrar inhumanas costumbres que se niegan a abandonar», como el canibalismo o los sacrificios de personas a los dioses. Pero dado que, pese a las limitaciones fijadas desde España, en muchas ocasiones se recurría a las armas sin que hiciese falta, una Real Orden de 1526 impuso en todas las expediciones militares la compañía de sacerdotes con el fin de poner fin a aquellos abusos.
Pacificado ya el continente, en 1573 Felipe II pone fin a la lucha armada en América, «y confía sus mayores y más ricas posesiones a un nuevo ejército compuesto, esta vez, a base de frailes y maestros. Comienza la verdadera y definitiva conquista de América»,
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