No es la primera vez que se tiene registro de una matanza o ejecución protagonizada por efectivos militares en Tlatlaya. Tampoco la primera vez que se encubre la información y que el gobierno del Estado de México participa en esta operación de “silenciamiento”. Sí es, por ahora, el primer caso que se ventila en medios norteamericanos y presionó a una reacción acelerada del gobierno de Peña Nieto.
Tlatlaya está ubicado en el infierno. Así le llaman los guerrerenses y mexiquenses al enclave de la “Tierra caliente” donde se ubica este municipio, cercano a Arcelia, Guerrero. Desde la década pasada, bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el federal y estatal, sentó sus reales ahí La Familia Michoacana. Y hay varios indicios que vinculan a integrantes del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, con sede en San Miguel Ixtapan. El 9 de octubre de 2008, en su columna Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa, publicó que el 18 de agosto del mismo año en San Pedro Limón –el mismo sitio de la matanza de este 2014- hubo una matanza de 23 personas, niños y adultos, a manos de un grupo agresor que atacó a la población indiscriminadamente.
“Rato después… llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Estos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido”, relató Granados Chapa.
El caso quedó en el silenciamiento más ominoso, a pesar del relato del columnista político más importante de ese momento.
Cuatro años después, en 2012, el periódico Reforma publicó versiones que involucraban a elementos del 102 Batallón de Infantería con La Familia Michoacana. Se procesaron judicialmente a 12 elementos del mismo batallón por presuntos vínculos con Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Fish, operador de La Familia Michoacana. El mismo personaje vinculado en la reciente ola de secuestros en Valle de Bravo.
El 30 de junio de 2014, en la madrugada, se dio otro enfrentamiento. Como hace casi seis años se intentó tapar el asunto. Un escueto comunicado de la 22 Zona Militar de la SEDENA informó que ocurrió un enfrentamiento, producto de la liberación de tres personas secuestradas. Ese mismo día, en la madrugada, hubo una reunión entre altos mandos civiles y militares en Toluca. Estuvo el primer nivel del gabinete de Enrique Peña Nieto.
Al día siguiente, Eruviel Avila, informó en su comunicado que el ejército tuvo “una valiente presencia y acción de poder al rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente, un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”.
El procurador estatal Alejandro Jaime Gómez Sánchez le dio carpetazo al asunto. No investigaron. No dijeron nada. Tampoco la CNDH.
La agencia norteamericana AP, a mediados de julio, fue la primera en alertar que pudo ocurrir un fusilamiento masivo en Tlatlaya y que no se trató de un “enfrentamiento” entre bandas criminales.
Fue hasta el pasado viernes 19 de septiembre, cuando la edición mexicana de la revista Esquire –cuya franquicia en México pertenece a Editorial Televisa- publicó el testimonio de la madre de una de las víctimas que el caso adquirió una notoriedad nacional e internacional imparable.
Ahora ya se admitió que oficialmente 21 de los 22 muertos habrían sido ejecutados, uno a uno. Tanto Aministía Internacional como Human Rights Watch reaccionaron de inmediato condenando lo ocurrido y criticando el papel del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, quien se plegó originalmente a la versión oficial de los hechos.
Sedena informó que ya están en arresto 1 oficial y 7 soldados por los sucesos del 30 de junio. Tratando de minimizar, una vez más, la segunda gran masacre en Tlatlaya que se conoce públicamente, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, afirmó en la Cámara de Diputados que los hechos fueron una acción “aislada”, una “excepción” a la actuación del Ejército.
“No está desgastado nuestro Ejército y tampoco este evento (Tlatlaya) lo podrá desgastar, porque es mucho más que lo que pudiera suceder o resultar de la investigación de la PGR”, afirmó Osorio Chong.
Lo único que no han querido admitir es que el caso Tlatlaya es el resultado directo de haber sacado a los militares de sus cuarteles para enfrentar al crimen organizado.
Batallón implicado en caso Tlatlaya con historial de incidencias.
Un oficial del ejército y siete soldados que enfrentan medidas disciplinarias por su participación en el asesinato de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, pertenecen a un batallón del ejército con un historial de incidentes.
27 de septiembre de 2014.-La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que los ocho estuvieron involucrados en el incidente del 30 de junio en San Pedro Limón, un encuentro que los militares reportaron en un principio como una balacera pero que una testigo describió como una masacre.
Los elementos pertenecen al 102do Batallón de Infantería de la 22da Zona Militar en el Estado de México, de acuerdo con reportes noticiosos y dos personas que hablaron sobre el caso, a condición de guardar el anonimato porque carecen de autorización para hacer declaraciones a la prensa.
La pesadilla apenas se ha iniciado. Los elementos pertenecen al 102do Batallón de Infantería de la 22da Zona Militar en el Estado de México, de acuerdo con reportes noticiosos y dos personas que hablaron sobre el caso, a condición de guardar el anonimato porque carecen de autorización para hacer declaraciones a la prensa.
El grupo militar se encuentra en San Miguel Ixtapan, cerca de Tlatlaya, área que se dice está bajo control del cártel de La Familia de Michoacán, aunque también es una región en la que grupos rivales del narcotráfico han estado disputándose territorio.
El batallón estuvo en las noticias en diciembre pasado cuando algunos de sus integrantes balearon a cuatro empleados del pueblo de Arcelia en Guerrero, incluido el director y el subdirector de transporte municipal, mientras conducían en un camino rural de regreso de un campo de tiro. Arcelia también es el pueblo natal de varios de los asesinados en el tiroteo de junio.
El ejército dijo que los empleados, que portaban fusiles y vestían ropa de camuflaje para cazar, fueron confundidos con delincuentes. Un sargento, un cabo y dos soldados fueron arrestados.
El 102 también estuvo bajo los reflectores en febrero de 2012. El periódico Reforma, que citó documentos legales, reportó en esa época que durante 2010 y hasta principios de 2011, soldados en el batallón recibieron dinero para que le informaran a La Familia de las operaciones de ese cuerpo militar. Seis personas, incluidas dos oficiales, fueron acusadas formalmente.El incidente más reciente fue reportado en un principio como una balacera el 30 de junio en la que 22 presuntos delincuentes fueron asesinados y un soldado resultó herido. La versión oficial fue puesta en tela de juicio cuando The Associated Press visitó el sitio algunos días después y no halló indicios de que hubiera habido una batalla prolongada.
La semana pasada, una mujer que dice haber sido testigo de los eventos le dijo a la AP que sólo una persona murió en un enfrentamiento inicial y que el resto fueron baleadas después de que se rindieron. La testigo indicó que entre los muertos estaba su hija de 15 años, Erika Gómez González, que había sido herida en una pierna y yacía en el piso cuando fue asesinada.
El periódico La Jornada publicó fotografías este viernes que muestran cadáveres ensangrentados, presuntamente tomadas inmediatamente después de la balacera, con investigadores y personal militar aún en el lugar.
Las manchas de sangre en el muro de ladrillo de concreto, los marcadores colocados por los investigadores para señalar las evidencias y los escombros que aparecen en las fotografías son iguales a los que los periodistas de la AP fotografiaron días después de que el ejército reportó los fallecimientos.
Entre los muertos en las fotos está una niña que yace de espaldas, tal y como la describió la testigo. El hermano de Erika Gómez la identificó en la fotografía —que la mostraba en el suelo junto a un fusil de asalto— por su ropa ensangrentada y cubierta de lodo.
“Esa playera (camiseta) yo se la compré”, dijo Saddam Guzmán Gómez. “No es cierto que disparara. Le pusieron el arma. Se ve como que se arrastró”, añadió sobre la imagen donde aparece la adolescente.
Muchos de los muertos aparecen acostados junto a la pared de la bodega. Todos se ven con un fusil de asalto a su lado o tomados de las manos, y algunos de los fusiles parecen haber sido apuntalados contra los cuerpos. La mayoría tienen lodo en las rodillas, lo que indica que podrían haber estado hincados o con el rostro boca abajo.
La AP no va a distribuir las fotografías porque no puede determinar cuál es su fuente.
Un sobre amarillo que contenía las fotos dentro de una memoria USB fue enviado en forma anónima el miércoles a MVT, una agencia noticiosa local en el Estado de México, dijo su director Mario Vázquez. Indicó que comparó las fotos con las que su agencia tomó el día del tiroteo y llegó a la conclusión de que se trataba del mismo lugar.
El oficial y siete soldados enfrentan medidas disciplinarias por su participación, pero el ejército ha guardado silencio sobre qué papeles desempeñaron. Están detenidos en una cárcel de la Ciudad de México bajo cargos de crímenes contra la disciplina militar, desobediencia y negligencia en el cumplimiento del deber.
La Procuraduría General de la República también está llevando a cabo una investigación civil, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos efectúa su propia pesquisa. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, defendió el viernes a las fuerzas armadas en una comparecencia ante comisiones en la Cámara de Diputados.
“Si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército Nacional, será la excepción… una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran Ejército y de la Marina Armada de México”, afirmó.
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